En estos tiempos de crisis, Alemania aparece como el ejemplo a seguir. Pero en el país de Angela Merkel también el Estado asume compromisos e interviene en la economía. Es el caso de los alquileres. El Gobierno alemán ha aprobado esta semana un proyecto de ley por el que se impondrá un freno a las subidas de los alquileres de las viviendas, como medida frente a la creciente especulación inmobiliaria en muchos núcleos urbanos.
La iniciativa, que debe pasar por el Parlamento y podría empezar a aplicarse a principios de 2015, tiene como objetivo controlar el precio del alquiler en los nuevos contratos.»Se trata de mantener los precios de los alquileres a niveles que puedan ser pagados por el ciudadano», explica el portavoz del Gobierno, Steffen Seibert.
Se trata de mantener los alquileres a niveles que puedan ser pagados por el ciudadano Según el proyecto, el precio del arriendo que se fije no podrá superar en más de un 10% la media que se paga por otras viviendas equivalentes por metros cuadrados y características, según la zona y la localidad en que se encuentre. Esta medida no regirá para la vivienda nueva, sino únicamente en pisos usados, por considerarse que éstos son los más susceptibles de caer en la especulación cuando concluye un contrato de larga duración y se firma un nuevo.
El Ejecutivo considera, asimismo, que en los grandes núcleos urbanos en estos momentos hay déficit de vivienda de nueva construcción, por lo que no les aplicará ese límite a los precios del alquiler. Será competencia de cada uno de los Länder, estados federados, establecer cuáles son las ciudades y distritos más afectados por la especulación inmobiliaria.
El proyecto de ley prevé, asimismo, una serie de sanciones económicas a los arrendatarios que incumplan la normativa y ofrezcan sus viviendas a precios considerados abusivos. En casos de extrema gravedad o reincidencia, se contempla incluso la posibilidad de penas de cárcel para los infractores.
El proyecto del Gobierno entrará en breve en el trámite parlamentario, que se prevé supere sin dificultades con los votos de la gran coalición de la canciller Angela Merkel, de manera que podría entrar en vigor en los primeros meses de 2015.
